Finalmente, el Gobierno provincial puede dar por hecho que sus oficiosas gestiones con la Casa Rosada llegaron a buen puerto: el Ejecutivo nacional se va de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y le deja la presidencia a Catamarca, que a partir de ahora tendrá -o retomará, podría decirse- la mayoría en el directorio, ya que además seguirá con dos vocales. Los dos restantes continuarán en poder de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Se trata de una movida importante considerando los proyectos a la vista, en especial Bajo La Alumbrera y la millonaria inversión anunciada. Pero, ¿alcanza esto para borrar una ley nacional?
La maratónica sesión especial de la Cámara de Diputados del pasado 23 de diciembre dio mucha tela para cortar. A la adenda al contrato de modificación del proyecto Fénix -tema abordado el domingo pasado-, se sumó el acuerdo modificatorio del Acta de Farallón Negro y finalmente el acuerdo conciliatorio celebrado entre YMAD y la UNT. Por lo extenso de cada asunto, el segundo quedará para otro análisis.
El origen de YMAD data de 1958. El 7 de junio de ese año, en el Senado de la Nación se suscribió el “Acta del Farallón Negro” entre el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. El acuerdo fue para resolver las divergencias que había en torno a la titularidad y explotación de los yacimientos del área “Agua de Dionisio”.
El 16 de octubre de 1959, el Congreso de la Nación sancionó la ley 14.771 por la cual se dispuso la creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio como un ente interestadual integrado por la Universidad de Tucumán, el Estado nacional y la Provincia de Catamarca. Su propósito fue realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en “Agua de Dionisio”, un grupo de yacimientos ubicados en el distrito de Hualfin, Belén.
¿Por qué la UNT formó parte del ente? Porque fue Abel Peirano, geólogo y docente de esa universidad, quien descubrió en 1936 los depósitos mineralizados de Hualfín. Y hasta que se sancionó la ley de creación de YMAD, en 1959, él dirigió las investigaciones y encabezó las negociaciones para obtener los derechos para la UNT y la provincia de Catamarca.
A partir de la asunción de Milei en la Presidencia de la Nación, el gobernador Raúl Jalil comenzó gestiones para conseguir la desvinculación definitiva del Estado nacional de YMAD. No fue gratis, obviamente. Eso significó apoyo legislativo a proyectos clave de la Nación y romper con el núcleo duro de la oposición kirchnerista.
El resultado de eso se materializó el 15 de diciembre de 2025, cuando Catamarca, la UNT y el Estado nacional suscribieron el Acuerdo Modificatorio del Acta de Farallón Negro, con el fin de formalizar la salida de la Nación de YMAD. De esta forma, Catamarca quedará con la presidencia y dos vocales, mientras que la universidad tucumana mantendrá sus dos vocalías.
Es decir, se mantendrá la participación del 60% para Catamarca y del 40% para la UNT en lo que respecta a distribución de utilidades. Pero ahora se agregará la posibilidad de acordar “futuras incorporaciones o retiros de socios”.
Dice la cláusula 12° del documento: “El presente acuerdo reemplaza al Acta del Farallón Negro, que por ende queda íntegramente sin efecto”. El pasado es historia.
Por la Provincia lo firmó Jalil; por la UNT su rector, Sergio Pagani; mientras que por el Estado nacional lo rubricó Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía.
Elogios sin nombre
La desvinculación del Estado nacional de la estructura de YMAD tuvo el apoyo de la mayor parte de la Cámara baja, incluyendo los principales bloques opositores. Aunque estos insistieron con la necesidad de que haya transparencia en el manejo de los recursos mineros.
Por caso, el libertario Federico Lencina reclamó que el control sobre YMAD sea “total y permanente”. “Que no sea una caja para el Gobernador”, expresó. Mientras que el radical “con peluca” Francisco Monti afirmó que el hecho de que Catamarca ponga el presidente “no es garantía de que los recursos sean invertidos inteligentemente”.
Por el lado del oficialismo, el diputado Damián Brizuela, miembro informante del proyecto, destacó la gestión del anterior presidente catamarqueño en la empresa minera, oportunidad en la que, señaló, se hicieron “inversiones, se garantizó estabilidad a los trabajadores y se exploraron nuevas áreas mineras”.
Más adelante, le tocó el turno a su par de bancada Natalia Ponferrada, quien remarcó que en esa misma gestión la empresa alcanzó su “ordenamiento administrativo”, se “amplió 13 años la vida útil de Farallón Negro, hubo nuevas exploraciones, inversión en capacitación del personal y otras acciones que pusieron a YMAD a la vanguardia de la tecnología minera”, entre otras consideraciones.
Lo curioso es que ninguno mencionó con nombre y apellido al titular de esa gestión: Fernando Jalil, presidente de YMAD entre 2020 y 2024, designado por el expresidente Alberto Fernández tras un pedido de su hermano gobernador, Raúl Jalil.
Con la llegada de Milei a la Rosada, el jefe de la empresa designado fue Juan Pablo Limodio, exfuncionario del PRO porteño. Fernando Jalil pasó de la presidencia a la vocalía que ocupaba Daniel Gutiérrez, exministro de Lucía Corpacci. La otra siguió en manos de Ángel Mercado, exmarido de Corpacci.
La lectura del encomiable libreto de los diputados oficialistas no deja lugar a dudas. ¿Quién más que Fernando Jalil para repetir en la presidencia de YMAD?
Nuevo despegue
Pese a que desde la década pasada, tras el cierre de mina de Bajo La Alumbrera, YMAD viene con recursos menguados, Catamarca siguió recibiendo utilidades de Farallón Negro. De hecho, en julio pasado, el presidente de la empresa, Limodio, entregó a la Provincia un aporte de $5.000 millones.
“Este nuevo aporte de utilidades de YMAD nos servirá para avanzar en obras clave de infraestructura de salud y habitacional en el Oeste, pero también para reactivar una obra muy requerida por nuestra sociedad como es la ampliación del Hospital San Juan Bautista. Son obras que contaban con financiación nacional, pero que fueron abandonadas, y hoy podemos reactivarlas gracias al esfuerzo provincial y los aportes de la minería”, afirmó el Gobernador tras reunirse con Limodio y el directorio de la empresa.
Pero lo mejor está por venir: la empresa Glencore anunció la reactivación de Alumbrera para fines de este año y el inicio de la producción para el primer semestre de 2028. Se espera que produzca alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación. El oro y el cobre han alcanzado un aumento sostenido de precios en el mercado mundial.
El reinicio de Alumbrera, aparte, representa “un facilitador natural para MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera)”, afirmó Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina. Por un lado, porque “reduce el riesgo de la puesta en marcha de la planta concentradora y de la logística de transporte”, y, por otro, “reentrena a la fuerza laboral antes de obtener el primer mineral del yacimiento Agua Rica”.
Y tanto Alumbrera como Agua Rica pertenecen al área minera de YMAD. No es casual que la Provincia haya apurado las gestiones para quedarse con el control de la empresa antes de este proyectado nuevo “boom” minero en Catamarca.
Legalidad en duda
Ahora bien, por un principio básico de supremacía constitucional, una ley nacional no puede ser modificada por una ley provincial. Esa es la duda que deja latente la sanción de la Legislatura local con el Acta de Farallón Negro. Según trascendió, el presidente Milei no enviaría el acuerdo al Congreso de la Nación, sino que lo ratificaría a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Al día siguiente de la sesión especial en Diputados, el abogado Víctor Quinteros, radical y excandidato a diputado nacional en octubre pasado por Hacemos Renacer Catamarca, posteó una postura muy crítica en su muro de Facebook.
“Hay que detenerse en la festejada modificación del Acta de Farallón Negro de 1958 con la que el Estado Nacional pretende desvincularse de YMAD y Catamarca asumir el control del ente por mayoría de asientos en el directorio para generar una nueva entrega. Porque en este caso se trata de una fenomenal burrada jurídica que alcanza a todos los legisladores (y muy especialmente a los que son abogados), ya que pretenden modificar una Ley Nacional mediante un acta, lo cual carece de validez aunque sea ratificada por una Ley provincial, una resolución de la Universidad y un decreto del Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó.
A criterio de Quinteros, “la ‘fuga’ del Estado nacional y la mayoría del directorio que se acuerda para Catamarca en la modificación de un acta legalmente caduca (que no tiene más sentido jurídico que ser el antecedente de creación de YMAD) es de una ineficacia total y absoluta. Esto es así, más allá de todo el biri biri con el que se la quiera adornar, incluyendo la ratificación del acta por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Algo es cierto, en la sesión del 23 de diciembre no hubo ninguna alusión al punto de la legalidad que la Provincia, la UNT y el Estado nacional deberían garantizar para evitar un futuro conflicto de inconstitucionalidad.
El “nuevo” YMAD: la salida de la Nación y un sillón con nombre propio
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