El ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Catamarca, Walter Arévalo, cuestionó con dureza una reciente resolución del Gobierno provincial que incrementa de manera significativa los porcentajes de los seguros obligatorios que se descuentan a los trabajadores estatales.
A través de una publicación en redes sociales, Arévalo denunció que la medida “vuelve a meter la mano en el salario de los trabajadores” sin consentimiento ni criterios técnicamente justificables. Según sostuvo, los lineamientos de la Superintendencia de Seguros establecen que los aranceles deben ajustarse por inflación y costos generales, pero advirtió que “un incremento del 400% acompañado por una baja del costo general no se justifica bajo ningún punto de vista”.
En ese marco, el dirigente comparó la situación con el denominado “aporte solidario” aplicado durante la gestión de Lucía Corpacci a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Recordó que aquella decisión incrementó la recaudación de la obra social en un 146%, sin que ello se tradujera en mejoras sustanciales para los afiliados. “La OSEP está cada vez peor y el cobro del plus médico se naturalizó, ante la pasividad legislativa que prefirió mirar para otro lado”, señaló.
Arévalo también puso el foco en las prestaciones que hoy ofrecen los seguros obligatorios. Explicó que, si bien se argumenta un aumento de “primas”, las coberturas se redujeron: anteriormente se abonaban 40 sueldos por fallecimiento del titular y ahora serían 20; mientras que en el caso del cónyuge, la cobertura se limitaría a 10 sueldos. En contraste, indicó que el seguro asociado a la caja de ahorro —del que muchos trabajadores desconocen incluso su cobertura— registró un incremento del 40%.
En términos económicos, el ex titular del SOEM realizó una estimación que consideró alarmante: “Sacar 10.000 pesos a cada trabajador, multiplicado por más de 50.000 empleados estatales provinciales y municipales, representa unos 500 millones de pesos”. Según afirmó, esos fondos no se destinaron a mejorar las primas de seguros, la obra social, la ART ni las condiciones de seguridad laboral.
Finalmente, Arévalo concluyó que, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo, este tipo de medidas “habla más de un ajuste encubierto que de una política orientada a proteger a los trabajadores”, y reclamó explicaciones claras sobre los criterios utilizados para autorizar un aumento de tal magnitud.
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