En Argentina, alrededor de 9,5 millones de hogares reciben subsidios en las tarifas de electricidad, lo que representa casi el 60% de los usuarios residenciales. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, a través de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha comprometido a reducir estos subsidios, especialmente para los hogares de ingresos medios, y a reestructurar el sistema energético del país. En este contexto, la Secretaría de Energía trabaja en un nuevo esquema para focalizar la asistencia en los sectores más vulnerables.
Análisis de la situación actual de los subsidios
De acuerdo con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), los hogares beneficiados por los subsidios se dividen en tres categorías:
• Nivel 1 (ingresos altos): 6,9 millones de hogares que no reciben subsidios.
• Nivel 2 (ingresos bajos): 6,2 millones de hogares que reciben asistencia significativa.
• Nivel 3 (ingresos medios): 3,2 millones de hogares con un nivel de descuento menor.
El gasto en subsidios al sector energético fue significativo, alcanzando los 6.252 millones de dólares en 2024, aunque ha mostrado una reducción con respecto al año anterior. A medida que la inflación aumenta y la presión fiscal crece, el gobierno busca reducir los subsidios, lo cual podría afectar a millones de usuarios de clase media, excluyéndolos del esquema actual de asistencia.
¿Qué cambios traerá el nuevo esquema de subsidios?
El nuevo esquema, que el gobierno planea implementar antes de finalizar 2025, tiene como objetivo principal reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del sistema energético. En lugar de mantener la actual segmentación por ingresos, se establecerá un sistema de subsidios que beneficiará exclusivamente a los hogares más vulnerables. Esto implicaría la exclusión de aproximadamente 3,2 millones de hogares de clase media, que comenzarían a pagar tarifas más altas.
El proceso de ajuste será gradual, con la posibilidad de que se acelere dependiendo de las necesidades fiscales y la situación económica del país. Además, la Secretaría de Energía, dirigida por María Tettamanti, trabaja en la desregulación del mercado eléctrico y en la reforma de las tarifas. Los cambios incluirán la eliminación de la intermediación de la empresa estatal CAMMESA, permitiendo que los usuarios y proveedores negocien directamente.
El impacto de la inflación y el tipo de cambio en las tarifas
Una de las preocupaciones adicionales es el impacto de la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio en las tarifas de electricidad. Con el aumento del dólar y la posible eliminación del cepo cambiario, los costos de la energía podrían subir, lo que se reflejaría directamente en las facturas de los usuarios. Esta situación genera incertidumbre sobre si el gobierno mantendrá los subsidios a los niveles actuales o los ajustará aún más.
El futuro de las tarifas y la reforma energética
La reforma del mercado mayorista de electricidad, prevista para noviembre de 2025, es otro objetivo clave del gobierno. Este cambio busca mejorar la competencia y aliviar la presión sobre las finanzas del sector energético. Para lograrlo, el gobierno implementará un nuevo esquema de precios que refleje los costos reales de la energía, lo que podría generar un ajuste en las tarifas.
Además, la revisión quinquenal de tarifas que la Secretaría de Energía está llevando a cabo con las empresas transportistas y distribuidoras definirá el camino para nuevas inversiones en infraestructura y aumentos tarifarios en los próximos años. Esto también incluirá una actualización mensual de tarifas y la mejora de los servicios en algunas regiones, como el Área Metropolitana de Buenos Aires.