Durante las primeras horas de este lunes, el Ministerio de Seguridad de la Nación interpuso una denuncia contra Karina Andrade, la jueza encargada de la legalidad de los detenidos en la marcha por los jubilados del miércoles pasado, quien optó por liberar a todos los arrestados pocas horas después, en la madrugada del jueves.
A través de Fernando Soto, quien es el director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, el ministerio dirigido por Patricia Bullrich la acusa por presunto incumplimiento de sus deberes y por prevaricato, que es un delito que sucede cuando un juez, funcionario o abogado emite decisiones que van en contra de la ley.
Esto es, al menos, lo que el Gobierno considera que realizó la jueza a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fuentes de Seguridad confirmaron que el Gobierno opina que Andrade actuó según sus propios criterios y no conforme a la ley cuando decidió liberar a las 114 personas detenidas en la manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso.
“No se trata solo de que no estamos de acuerdo con su decisión. Lo que queremos señalar es que la forma en que tomó esa decisión infringió la ley”, comentaron. El ministerio de Seguridad ya había anticipado esta acción el viernes, cuando presentó una denuncia contra algunos barrabravas por “sedición” y acusó a dos alcaldes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber participado en la organización.
¿Qué dijo Andrade?
Andrade ha comentado recientemente en varios medios que su elección se fundamentó en la defensa del derecho a manifestarse y de la libertad de expresión, derechos que están garantizados por la Constitución Nacional.
“Mi fallo dejó claro lo básico sobre cómo se debe detener a una persona en nuestro país. Mi razón se basó únicamente en el aspecto legal y en conformidad con la Constitución”, respondió, citando al experto en derecho constitucional Roberto Gargarella, quien afirma que el derecho a protestar es un ‘derecho fundamental’ del sistema democrático.
Para el Gobierno nacional, lo que Andrade debía considerar al momento de evaluar una detención por delito en flagrancia es si hay riesgo de que la persona se evada o de que se impida la investigación al liberarla.
“Esto se evalúa en función de estos dos riesgos, no se trata de que ya se haya escaparado o amenazado a testigos o robado pruebas, sino de que exista una probabilidad cierta de que eso ocurra. La reiteración se refiere al riesgo de tener antecedentes de detenciones y causas en curso que sugieran que el acusado podría eludir la acción de la justicia”, argumentó una fuente cercana a Bullrich.
Aunque no lo dirán abiertamente, en el círculo de la ministra consideran que la jueza “no actuó de manera ingenua” y que su decisión fue para “anular el procedimiento policial”.
La jueza explicó en su decisión que las fuerzas de seguridad dejaron de lado información crucial para determinar si alguien puede ser mantenido bajo arresto: “No se cumplían los requisitos básicos de informar al juez sobre las razones de las detenciones. No había un control judicial efectivo”.
Además, criticó que las detenciones le eran comunicadas con expresiones vaciadas como “misma situación” o “mismo lugar”, sin aclarar de qué delitos graves se les acusaba, tales como posesión de armas o daños a la propiedad pública. “Era una situación en la que no tenía conocimiento de que se estuviera realizando una investigación. Hasta las 10 de la noche, había 14 personas arrestadas”, narró.
Desde el área de Seguridad aclararon que el proceso de identificación de una persona por parte de la Policía lleva tiempo, ya que deben registrar los datos personales, elaborar informes, tomar huellas dactilares, así como registrar los datos del oficial que efectuó la detención y las razones y circunstancias que la motivaron.
“Esto puede demorar alrededor de una hora si se hace rápidamente con una sola persona. Cuando hay más de 100 personas, el proceso se complica. Además, mientras realizaban la identificación de los detenidos, estaban ocurriendo disturbios. La juez era consciente de esto porque era algo público y notorio, pero lo ignoró en la práctica”, afirmaron.
“Algo que no incluí en la resolución, ya que la redacté a las dos de la mañana y la firmé a las cuatro, aunque lo decidí a las 12 de la noche. Los jueces de la Ciudad lo sabemos perfectamente y está relacionado con la situación de alojamiento de los individuos detenidos. ¿En qué lugar iban a ser ubicadas esas personas? Esta información tampoco estaba disponible. Son datos esenciales que, como jueza responsable del control de la detención, necesito tener de inmediato,” comentó en una entrevista.
Fuente: Infobae.
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